Estado Regional: 7 claves para su análisis

Por José Viacava Gatica. Cientista Político. Académico y Coordinador del Grupo en Descentralización de la Facultad de Gobierno, Universidad de Chile.

El Estado Regional (ER) es una forma de organización que se ha abierto camino entre el modelo unitario y federal.

La propuesta de nueva Constitución introduciría en el ordenamiento constitucional este diseño institucional en un marco de estado que preserva la unidad e integridad, con una forma de gobierno presidencial y un poder legislativo bicameral. Estas características han contribuido a generar cierta confusión respecto del ejemplo o caso de comparación para poder entender una propuesta como ésta: por ello, intentamos entregar algunas claves para su análisis.

En primer lugar, la idea de ER es un conjunto integrado por cuatro elementos fundamentales: autonomías territoriales, competencias, recursos y asociatividad. El esquema operaría como un sistema consagrado constitucionalmente donde el patrimonio propio y la personalidad jurídica de las entidades autónomas aseguraría las competencias con los recursos necesarios para satisfacer su función y las necesidades de la población que atiende en un marco de coordinación interinstitucional.

En segundo lugar, el ER es un nuevo mapa del poder para los territorios, agencias y actores subnacionales. La construcción de gobernabilidad para el desarrollo estaría obligada a incluir los recursos, facultades y criterios de equidad para todas las comunidades y localidades del país.

En tercer lugar, el ER actuaría en términos de políticas públicas en dos dimensiones. Por un lado, la dimensión normativa -que incluirá materias propias de regiones, comunas y localidades- quedará asignada al debate y aprobación que suceda en la Cámara de las Regiones (las autonomías no consideran la potestad legislativa). Por otro lado, existirá la dimensión programática que incluirá la formulación de diseños sectoriales que reconocerán criterios de solidaridad y equidad para las zonas más rezagadas y en cuya implementación estará priorizado el foco territorial radicando la competencia en la comuna, la región o la nación según se defina.

En cuarto lugar, el ER introduciría una mayor responsabilidad en materia de gobernanza multinivel: la consagración de la participación de los habitantes en un territorio constituirá a la sociedad civil en un actor que interpelará a la institucionalidad nacional, regional y comunal. El modo en que el Estado resolverá esas demandas dependerá de la coordinación y cooperación de sus distintos niveles de gobierno.

En quinto lugar, el ER podría albergar incentivos perversos para el desarrollo de experiencias populistas y demagógicas. Además, como el sistema de partidos y el sistema electoral no fueron dimensiones suficientemente abordadas en la propuesta, en este punto quedaría el campo disponible para la irrupción de actores que busquen capturar la nueva institucionalidad a su favor.

En sexto lugar, el ER deberá evitar que producto de la autonomía financiera se generen deudas que deban ser asumidas por el nivel central: un retroceso para la descentralización sería consagrar cualquier condición de insolvencia financiera territorial.

En séptimo lugar, el ER propone dos nuevas entidades (Consejo de Gobernaciones y Consejo de Alcaldes/as) como espacios de deliberación donde podrían formularse los acuerdos entre autoridades de distintos niveles de gobierno para el desarrollo de los territorios y habitantes de nuestro país.

En síntesis, el ER es el reconocimiento a problemas estructurales que venían siendo advertidos desde hace décadas intentando construir una alternativa que combinó -al menos- dos diseños institucionales: el de una estructura de Estado indivisible con autonomías limitadas transformándose en uno de los tantos aspectos que concita(rán) la atención de todos los electores en la propuesta constitucional que deberá ser plebiscitada este domingo.

Fuente: La Tercera https://bit.ly/3el5xRF